Se formó una playa fangosa y verde que crecía cada año. Aproximadamente 300 kilómetros cuadrados quedaron contaminados. Según el mismo estudio, los relaves de menor granulometría terminaban en el fondo marino y sepultaban los sedimentos marinos ricos en materia orgánica. Pero esto no era todo: Un promedio de 2,000 toneladas métricas al día de escoria proveniente de la fundición, fueron arrojados al mar durante 22 años, lo que causó el deterioro de cinco kilómetros de litoral marino. Desaparecieron los peces y los crustáceos, que no resistieron la vida en aguas con altas concentraciones de arsénico, cadmio, plomo, cobre y cianuro.
Algo más que la fundición de Ilo desechaba era el mate, una costra negra que quedaba cuando se extraía el cobre, en el camino al valle del Tambo. Lo acumulaban y lo metían en un tren que iba dejando esta huella pegajosa a lo largo del litoral. Ésta es otra molestia de larga data que estos agricultores de Tambo han tenido guardada.
La recuperación de la bahía fue una bandera de la lucha social que recién vio resultados en el año 1985, cuando la empresa detuvo la descarga de escorias y, en 1995, cuando los relaves se empezaron a almacenar en el dique de contención de Quebrada Honda.
Un poco tarde, ¿no? Las zonas impactadas han quedado destruidas. No sirven para la pesca; ni siquiera para que la población disfrute de la playa. Por otro lado, un informe técnico del año 2004 reveló que se estaban generando líquidos en el depósito de relaves. La política del parche que cubre el chupo siguió reinando.
Ollanta, ¿te acuerdas de Locumba?
Contrario a lo que pueda pensarse, por la suerte que está corriendo su proyecto Tía María, Southern es una empresa afortunada: tuvo el extraño privilegio de ser la única en su rubro en no ser estatizada por Velasco. A pesar de todas las denuncias, sanciones y conflictos con la población se ha mantenido vigente por más de medio siglo.
Una de las víctimas de esta explotación minera es la provincia de Candarave, en Tacna. Sus pobladores se quejan de la paulatina ruina de sus fuentes de agua, la pérdida de su producción y de haber recibido una compensación insignificante. No se encuentran considerados en el área de influencia de la mina a pesar de ser los proveedores de agua.
Candarave se encuentra en la cuenca Locumba, que es una de las más afectadas. Se le ha otorgado a Southern la licencia para utilizar 1,950 litros de agua por segundo ( 510 de aguas superficiales y 1,400 litros de agua subterránea.) “¡Imagínense tanta agua! Esto ha afectado especialmente al río Callazas que abastecía nuestra irrigación de 8,800 hectáreas”, refiere Félix Laura, presidente de la comisión de regantes del distrito de Quilaguani, en dicha provincia. Desde hace muchos años su comunidad viene luchando porque se haga una revisión de la licencia, ya que- de acuerdo a su demanda- no es posible que la empresa se lleve agua dulce para su explotación y que a ellos los vayan dejando paulatinamente sin agua.
Laura dice que ellos no están en contra de la minería, ni tampoco piden que se vaya Southern. Total, ya hace mucho que están en la zona y no pretenden entablar una lucha estéril. Lo que piden es que no les malogren sus actividades básicas: la agricultura y la ganadería, sobre todo ahora que el Estado ha aprobado el proyecto de la ampliación de Toquepala.
Despúes de que el río Locumba sufriera los embates descritos anteriormente, y la agricultura se fuera a pique, los productores de la cuenca se concentraron en la ganadería. Esta región se convirtió en la tierra del famoso cordero candavereño, que tanto se ha celebrado en las últimas ediciones de Mistura. Pero ahora su crianza ha disminuido de manera considerable. “Teníamos miles de cabezas de ganado vacuno, entre ellos nuestro cordero de Candarave. Antes, el que menos tenía de 100 a 200 cabezas, ahora máximo tiene entre cuatro y cinco. Las tierras las tenemos aquí, pero no hay agua para regarlas. Los jóvenes han emigrado a Tacna”, se queja un poblador.
Lo mismo ocurre con la agricultura. Sus tierras antes producían maíz, papa, y habas para la venta. Ahora solo alcanza para el consumo. La producción de maíz ha sido la que más se ha afectado. Ha disminuido en 70%. De las 8,800 hectáreas solo pueden regar el 50%.
Félix Laura sostiene: “La Southern es la responsable de haber disminuido considerablemente el agua en las lagunas Aricota y Suches y de haber secado la laguna de Vizcachas”.
En la laguna de Aricota funciona una hidroeléctrica que provee de energía a la mina de Toquepala. Hasta hace algunos años, esa laguna tenía capacidad para 800 millones de metros cúbicos de agua: ahora no llega ni a 120. En el nuevo proyecto se ha previsto que se extraerá 1,950 litros por segundo de la languideciente laguna Suches y sus pozos perforados. “Nosotros hemos tenido una licencia para hacer irrigación de 3,000 litros por segundo del rio Callazas. El 2002 llegamos a tener licencia de 2,346 litros por segundo. En estos momentos no contamos ni con mil. El rio disminuye porque Southern tiene 12 pozos perforados y de ahí bombea para Toquepala y Cuajone. Lógicamente tiene que disminuir, la afectación es directa” señala el presidente de la comisión de regantes.
Los pobladores de Quilaguani quieren que les devuelvan sus aguas y se cumpla con la ley, para que la ampliación de Toquepala pueda desarrollarse.
Una de las alternativas para que el proyecto funcione con agua de mar desalinizada. La misma solución que está planteando Southern en Tía María, luego de tres muertos y a seis años de su primer Estudio de Impacto Ambiental. Otra posibilidad es captar el agua azufrada que les malogra sus sembríos. Podrían captar 2,000 litros por segundo. O hacer el trasvase del río Desaguadero. Todas estas alternativas presentan un gran problema para la empresa: suponen una mayor inversión.
Siendo Candarave la provincia que provee de agua a Southern para su explotación, no está considerada en el área de influencia de la mina. Por eso lo que reciben como parte de la repartición conjunta es una cantidad irrisoria en comparación de lo que dan, del perjuicio y del beneficio que reciben otras comunidades. Mientras que sus vecinos de Ilavalla reciben 40% de canon ( 27 millones de soles el año pasado), Candarave solo recibió dos millones.
La multas de Southern
No siempre esta empresa ha actuado con impunidad, sino más bien con cinismo, y ello se refleja en la cantidad de sanciones de las que ha sido objeto: doce multas desde que se creó la OEFA, en el año 2008. Cinco de ellas por procesos administrativos debido al incumplimiento de normas de protección ambiental, tres por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, dos por incumplimiento de las disposiciones administrativas y otras dos por incumplimiento de normas referidas a los residuos sólidos.
En total, la suma asciende a 530, 745 dólares, que termina siendo una bicoca en relación al perjuicio causado y, sobre todo, a la inversión que supondría evitar estas irregularidades. La vulneración de la normatividad ambiental termina siendo una opción muy rentable. Mucho más cuando se tiene un Estado que se pone del mismo lado del mostrador y ha reducido las multas de la OEFA en un 50%.
En el año 2010 el alcalde de Candarave, Mario Copa Conde, denunció que su provincia se encontraba al borde de la desertificación (pérdida de la capacidad de producción de un suelo), y pedía que los doce pozos que extraen agua del subsuelo dejaran de bombear. Dieciséis años después, los pozos siguen intactos. El Estado, lejos de tomar medidas para revertir esta catástrofe ambiental, insiste en hacer oídos sordos a los cuestionamientos de la población respecto a la ampliación del proyecto de Toquepala.
